Broto afirma en una nota que, por una parte, este acuerdo responde a las demandas de todos los aragoneses y que, por otra, "viene a ratificar la postura defendida por el Gobierno aragonés a lo largo del proceso, que el acuerdo debía alcanzarse en el seno de la Iglesia, atendiendo al Derecho Canónico".

Asimismo, recuerda que la Constitución ampara el libre ejercicio del propietario, la diócesis de Barbastro-Monzón, para retirar los bienes en depósito.