Así se recoge en un informe realizado por la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo publicado este miércoles. Según sus resultados, las comunidades destinaron a cooperación el 0,12% de su PIB en 2024.

Este porcentaje supone una caída respecto al año pasado, cuando fue del 0,13%. Por ello, las ONG dieron "la voz de alerta" ante la tendencia generalizada de recortes, que contradice lo establecido en la Ley de Cooperación estatal aprobada en 2023, que fija ese porcentaje en un 0,7% del PIB.

Según el trabajo, la mayor caída del presupuesto para cooperación la registra Aragón, con una disminución en sus fondos del 76%.

Andalucía tampoco sale bien parada, tras pasar del primer puesto en el ranking en cifras globales hace 15 años de los últimos lugares en la clasificación actual.

Madrid, Canarias, Murcia y Castilla-La Mancha aparecen en el vagón de cola, ya que destinan menos de 3 euros por persona al año para cooperación.

Si se tiene en cuenta el PIB de cada comunidad, llama la atención Madrid, que solo destina 0,70 euros por persona al año para "una política pública que contribuye a frenar las graves crisis humanitarias y climáticas", denunció la coordinadora.

El informe subraya que ni siquiera las comunidades que aumentan sus fondos -Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, La Rioja o Navarra- cumplen los compromisos asumidos. "Ninguna de ellas alcanza el 0,7% de su PIB destinado a cooperación", apuntó la Congde. El mejor dato lo ostenta Euskadi, con un 0,35%, que es justo la mitad del objetivo.

En cuanto al presupuesto por habitante al año, Navarra figura a la cabeza, con un gasto medio d 30 euros. En el extremo opuesto se encuentra Murcia, con 0,59 euros por persona y año. La media se sitúa en los 8,50 euros por persona.

Estos datos "contrastan con el apoyo ciudadano a esta política pública, que es seña de identidad de los territorios", afirmó la coordinadora. Prueba de ello son las muestras de solidaridad con Ucrania y Palestina que han poblado las calles del Estado español en los últimos años, agregó.

Destacó que la mayoría de los fondos públicos que reciben las ONG de desarrollo proviene de la cooperación descentralizada, que tiene "un impacto enorme en la mejora de las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo".

En su opinión, "recortar esta política significa dañar el trabajo que realizan junto a cientos de organizaciones en todo el mundo y también debilitar la capacidad de la sociedad civil para participar en los asuntos públicos".