El Alto Tribunal fijó una cantidad de 180.000 euros por fallecido, que deben satisfacer el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente de forma solidaria.

Para facilitar el cobro de dicho importe, el Gobierno de Aragón creará una ventanilla única para recabar la documentación exigida por la Audiencia Nacional y en los próximos días convocará a los abogados representantes de las familias para explicar el proceso y agilizar el cobro de las indemnizaciones.

En su reunión de hoy el Ejecutivo regional aprobó la ley de crédito necesaria para hacer frente a la mitad de las indemnizaciones, que en su totalidad ascienden a 11,2 millones de euros y de las que ya cobraron un adelanto.

El fallo establece el pago de 180.000 euros por víctima, salvo en un caso concreto en el que el tribunal fija una cuantía mayor debido a las dramáticas circunstancias de un menor que perdió a sus padres y dos hermanos en el siniestro y que percibirá 210.000 euros por fallecido.