Así lo indicó en rueda de prensa el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tras asegurar que más de 500.000 familias (más de 1,3 millones de personas ) reciben ya dicha ayuda.

De ellas, el 43% son menores, apuntó, y uno de cada cuatro hogares son monoparentales (monomarentales en más del 90% de los casos).

Según Escrivá, la creación de este sello da respuesta a la disposición adicional primera de la ley 19/2021 del IMV y "cumple además con lo dispuesto en el componente 23 del Plan de Recuperación".

El Sello Social se concibe como una iniciativa de innovación en el ámbito de la colaboración público-privada y la responsabilidad social corporativa. Además, distinguirá a aquellas empresas y entidades que contribuyan al tránsito de las personas beneficiarias del IMV desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión, hacia la inclusión y la participación activa en la sociedad.

Se concederá a las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, empresas privadas, trabajadores por cuenta propia o autónomos, así como a las fundaciones que contribuyan a la creación de una sociedad más inclusiva.

Para optar a dicho distintivo, las empresas tendrán que cumplir unos requisitos, entre ellos los de desarrollar medidas de inclusión social, encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no haber sido sancionadas, no causar perjuicio al medio ambiente o disponer de un plan de igualdad. Este reconocimiento se podrá solicitar y obtener bajo diferentes tipologías: acceso a bienes y servicios, apoyo a la infancia, inserción sociolaboral y digitalización

El sello tendrá una vigencia de tres años desde la resolución de la concesión. Transcurridos estos, se tendrá que volver a solicitar.

CONSEJO CONSULTIVO

Por otro lado, el Gobierno aprobó otro real decreto por el que se regulan la organización y funciones del Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo vital. Se cumple así lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del IMV, que estipula la creación de este consejo como órgano de consulta y participación de las administraciones -estatal, autonómica y local- con las entidades o plataformas del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas a nivel estatal.

Las funciones del Consejo Consultivo incluyen asesorar al Ministerio de Inclusión en la formulación de propuestas normativas y no normativas en relación con el IMV y en materia de inclusión, asesorar a la Comisión de Seguimiento, y cooperar en la implantación de estrategias de inclusión, entre otras.