Así lo anunció la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, después de que la medida fuese adelantada por la agencia de noticias Servimedia en una entrevista con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Escrivá destacó este martes que "se produce una reducción sustantiva" del tiempo de cotización para acceder a esta modalidad de jubilación, al pasar de 15 a 5 años desde el momento en que se produce el diagnóstico de discapacidad.

Además, prosiguió, la nueva norma permitirá “acumular distintas discapacidades con diferentes grados” para alcanzar el umbral del 45% exigido.

"También simplificamos mucho el procedimiento para solicitar esta posibilidad, y explicó que con la normativa actual, "se necesita un informe del Imserso o del organismo correspondiente de la Comunidad Autónoma" que acredite la discapacidad. Ahora, bastará con un informe médico que lo demuestre, señaló.

Por último, el listado de emfermedades que pueden dar lugar a esta jubilación "queda abierto" en el nuevo real decreto, a fin de que pueda incorporar "nuevas patologías en función de los avances de la ciencia".

DEMANDA DEL CERMI

La posibilidad de que los trabajadores con discapacidad del régimen general de la Seguridad Social se acojan a la jubilación anticipada en determinados supuestos es una forma de compensar la menor esperanza de vida originada por la discapacidad o la intensificación de los efectos del envejecimiento causados por esta razón.

Con este real decreto, el Gobierno atiende de forma parcial una antigua demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que reclamaba revisar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada de trabajadores con una discapacidad del 45% o superior porque durante la aplicación de la normativa ahora en vigor se presentaron “problemas y restricciones“ que han dejado fuera a determinadas personas. En declaraciones a Servimedia, el Cermi aplaudió el anuncio de esta medida.

La actualización del régimen de jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad estaba contemplada en la última renovación del Pacto de Toledo que las Cortes Generales aprobaron el pasado año, donde había una recomendación específica sobre protección social, Seguridad Social y personas con discapacidad que recogía este aspecto de flexibilización atendiendo así a una petición que el Cermi hizo al Parlamento.

De hecho, el ministro afirmó que este real decreto y otro sobre jubilaciones demoradas aprobado también este martes "completan las recomendaciones del Pacto de Toledo".

Asimismo, indicó que esta norma demuestra el "compromiso" del Gobierno "con la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, un grupo especialmente vulnerable", como también lo fue el aumento al 10% del empleo reservado para este colectivo en las convocatorias de empleo público.