En el caso de Andalucía, la transferencia tiene un coste efectivo de 50,5 millones de euros y comprende 1.627 puestos de trabajo y 216 inmuebles.

Por una sola vez, y sin que se integre en el coste efectivo del traspaso, se hace entrega a la Administración andaluza de un total de 6,6 millones de uros destinados al equipamiento y dotación de dos Centros Nacionales de Formación Profesional en Almería y Sevilla, respectivamente, y de otros 22,9 millones para la modernización del Servicio Público de Empleo.

A partir de ahora, Andalucía gestionará anualmente un total de 253 millones de euros en subvenciones relacionadas con este traspaso.

MURCIA

En el caso de Murcia, el traspaso de las competencias de políticas activas de empleo y formación profesional ocupacional comprende 197 puestos de tabajo y 23 inmuebles, con un coste efectivo de 5,6 millones de euros.

El acuerdo establece también la entrega por una sola vez, y sin que dicha cantidad se integre en el coste efectivo, de un total de 1,88 millones de euros.

La Región de Murcia gestionará cada año gracias a estos traspasos y en concepto de subvenciones un total de 30,1 millones de euros.

Con la aprobación de estos dos Reales Decretos se da por concluido el proceso de transferencias de las políticas activas de empleo a todas as comunidades autónomas de régimen común.

En el caso de Navarra, las recibió en el año 2001, por lo que tan sólo queda pendiente el acuerdo con el País Vasco para finalizar el proceso.

Sobre este asunto, el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, remitió ayer una carta al "lehendakari", Juan José Ibarretxe, en la que le incluye una propuesta de traspaso regida por los principios que han permitido su transferencia al resto de comunidades autónomas.

Sin embargo, el País Vasco relama, además de las políticas activas y de formación, la gestión de las cajas de la Seguridad Social y del INEM, lo que no está dispuesto a aceptar el Gobierno central.