La sentencia es el resultado del recurso interpuesto por la Comunidad de Castilla-La Mancha, al entender que, según lo establecido en un real decreto de 2001 sobre traspaso a esta comunidad de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, la Administración del Estado debía hacerse cargo del pago de las obligaciones exigibles hasta el 31 de diciembre de 2001, entre las que se encuentra la factura del gasto farmacéutico del mes de diciembre de dicho año.

El suplemento de crédito hará posible la dotación de recursos al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que será el encargado de proceder al pago del importe adeudado, como sucesor del extinto Instituto Nacional de la Salud.

La financiación del crédito extraordinario se realiza con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, según informó el Gobierno central.