Este reglamento traspone a nuestro ordenamiento la Segunda Directiva de Simplificación de Impuestos Especiales, en aquellos aspecos que el derecho español no requiere de una norma con rango de ley.

Este reglamento supone, según el comunicado oficial del Gobierno, "la simplificación de las obligaciones de tipo formal que recaen sobre los operadores económicos afectados por los impuestos especiales".

El reglamento no afecta a los hechos imponibles, bases imponibles, tipos impositivos ni exenciones, sino sólo a los aspectos formales y de procedimiento.