Este decreto responde a la necesidad de configurar un marco unitario en el procedimiento sancionador ante la dispersión geográfica, las especiales y mudables circunstancias del sector, así como a la necesidad de consideración de elementos de protección y mejora de los recursos pesqueros.

Por otra parte, el nuevo régimen sancionador introduce las adaptaciones necesarias para luchar con mayor eficacia contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, definida por la FAO, que ha motivado la adopción de compromisos formales por parte de los Estados ribereños en el seno de las organizaciones internacionales y regionales.