Este proyecto adapta la normativa española a la II Directiva de Coordinación Bancaria de la CE, por el que se eliminan las autorizaciones específicas y las dotaciones de capital complementarias para operar en otros países del originario.

La ley, que pretende incorporar a España al mercado interior comunitario, refuerza los poderes del Banco de Españ, que tras su aprobación decidirá si acepta o no la compra de acciones de las entidades financieras.

El banco emisor tendrá que ser informado de la adquisición de participaciones significativas en los bancos y cajas de ahorro, de los incrementos de dichas participaciones, y las compras que puedan suponer el control de la entidad de crédito.

La ideonidad de los acciones se apreciará, entre otras funciones, por su honorabilidad comercial y profesional, sus medios patrimoniales o la posibilidad de qe la entidad quede expuesta inapropiadamente a determinados riestos.

Igualmente, la ley establece que las personas físicas y jurídicas que posean participaciones significativas en las entidades de crédito y los que, teniendo nacionalidad española, controlen un banco o caja, podrán incurrir en responsabilidades administrativas.

También dicho proyecto introduce mejoras en la regulación del capital riesgo, de las empresas de "leasing", así sobre el mercado de opciones y futuros.