La norma pretende agilizar la disposición de suelo para vivienda protegida, incentivar la promoción y rehabilitación y dar facilidades a los adjudicatarios con problemas económicos.

Según el Gobierno regional, esta norma pretende mitigar y corregir los efectos negativos que, sobre el empleo del sector de la construcción, ha generado la crisis económica, así como dar respuesta a las necesidades de empresas y ciudadanos.

Las medidas incluidas en la ley persiguen simplificar los trámites administrativos para agilizar la puesta a disposición de agentes económicos de suelo para vivienda protegida, favorecer la rehabilitación de viviendas, facilitar el pago de la renta a quienes pasan por dificultades económicas, y avanzar en la eficiencia energética y la domótica.

Igualmente, se adoptan medidas temporales para reactivar el sector, como la posibilidad de calificar viviendas libres como protegidas, incrementos de la edificabilidad en zonas urbanizadas siempre y cuando se destinen en un alto porcentaje a vivienda protegida, y la regulación de la vivienda libre de precio limitado.

Además, la norma fija los criterios que han de regir la actuación de Viviendas de Navarra S.A. (Vinsa) en el próximo trienio. La sociedad pública orientará preferentemente su actividad hacia el área de la rehabilitación y las reformas y la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler.