El proyecto de ley que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria tiene un contenido esencialmente técnico, ya que no afecta a los valores catastrales ni introduce ninguna modificación con relación a la actualización catastal actual.

Según el Ministerio de Hacienda, la nueva ley mejora la actividad catastral y el servicio que presta el Catastro a los ciudadanos y a las Administraciones Públicas, especialmente a los ayuntamientos, simplificando las obligaciones de los ciudadanos.

En concreto, el Catastro ofrecerá a través de Internet la información de que dispone para que sea utilizada por las Administraciones, los fedatarios públicos, los ciudadanos y las empresas, contribuyendo de esta manera a favorecer la activiad económica. Para ello, el Gobierno completará en los próximos meses el denominado "Proyecto Ensenad@", que facilitará a todos los posibles usuarios el acceso a la información catastral a través de la red.

Además, la regulación del Catastro complementa el proyecto de Ley de Reforma de las Haciendas Locales aprobado la semana pasada, al regular los procedimientos de gestión catastral y la colaboración de los ayuntamientos en el mantenimiento del Catastro. Con ello, según el Gobierno, se conseguirá unapuesta al día más rápida de la información contenida en la base de datos catastral.

También simplificará las obligaciones formales o de declaración que tienen los ciudadanos, ya que se establece la posibilidad de que sean los ayuntamientos quienes formulen las declaraciones catastrales, evitando a los contribuyentes la necesidad de acudir a las oficinas del Catastro.

De esta forma, según explica el ministerio que dirige Cristóbal Montoro, los ayuntamientos que colaboren se convertirán en una autética "ventanilla única" a efectos de las relaciones entre el Catastro y los ciudadanos.

Hacienda explica que las mejoras técnicas que introduce la nueva Ley del Catastro facilitarán la incorporación de la información cartográfica catastral y de identificación de fincas al Registro de la Propiedad, institución a la que el ordenamiento jurídico atribuye de forma exclusiva la protección de los derechos inscritos sobre los bienes inmuebles.