Según el Gobierno, esta decisión también permitirá un ahorro considerable al Estado en el pago por salarios de tramitación. Mediante este plan, que no descarta otro tipo de medidas individualizadas para supuestos concretos, los 19 partidos judiciales que más retraso acumulan contarán con el apoyo de 35 magistrados, además de secretarios judiciales y personal funcionario.

Este personal no quedará adscrito a un único órgano judicial determinado, sino que se les asignará una determinada proporción de la carga de trabajo debida a procesos por despido.

El plan tiene una duración inicial de seis meses (a partir del 1 de octubre de 2009) y una previsión económica aproximada de 950.000 euros, con posibilidad de prórroga según los resultados alcanzados.

Esta iniciativa del Ministerio de Justicia cuenta con mecanismos propios de control y ajuste, que permitirán medir sus efectos y desviar actuaciones concretas hacia aquellos elementos cuya respuesta no se ajuste a las previsiones.

El Gobierno añadió que, en principio, con una media aproximada de 100 asuntos resueltos al mes por cada uno de los 35 jueces de refuerzo, podrían resolverse 3.500 asuntos. Así, sólo en los seis meses iniciales del Plan se podrán resolver unos 21.000 procesos, lo que supone el 42 por ciento de los procesos por despido registrados en el primer trimestre de este año.