Este proyecto e ley tiene por objeto dotar los recursos financieros con el fin de atender las necesidades que se deriven de la entrada en vigor de la ley 26/1990, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.

En dicha ley se reconoce, dentro del sistema de la Seguridad Social, el derecho a la pensiones de jubilación e invalidez, así como a obtener prestaciones económicas por hijos a cargo, a todos los ciudadanos, hayan o no cotizado el tiempo suficiente para alcanzar tales prestacioes.

Este conjunto de prestaciones se enmarca en el principio recogido en el artículo 41 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos.

En cuanto a la financiación de tales prestaciones, ésta se realizará con cargo a las aportaciones del Estado a la Seguridad Social.

Sin embargo, como consecuencia de la fecha de aprobación de la Ley de Pensiones no Contributivas (20 de diciembre de 1990) los Presuuestos Generales del Estado para 1991 no incluyen la dotación necesaria para su cobertura, razón por la que el Gobierno ha tenido que tramitar este proyecto de ley sobre la concesión de un crédito extraordinario de 65.000 millones.