Se aprobó por unanimidad una propuesta de resolución presentada por CiU que había sido enmendada por el PSOE y en la que se reclama "una financiación suficiente, estable y sostenible", que se facilite el acceso efectivo y universal de todas las personas afectadas a las prestaciones aprobadas, y que se fomenten los instrumentos privados de previsión social.

La propuesta pide al Gobierno que respete las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en la aplicación de la ley de atención a las personas dependientes.

Se aprobó también una propuesta del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la que se pide al Gobierno que suscriba los acuerdos necesarios con la Xunta de Galicia para financiar servicios sociales, "en concreto en lo referente a las políticas dirigidas a las personas en situación de dependencia".

El BNG pide garantizar esa financiación "teniendo en cuenta los déficits de infraestructuras existentes" actualmente en Galicia "como consecuencia de la falta de compromiso en esta materia de los gobiernos anteriores".

El pleno del Congreso rechazó, en cambio, otras dos resoluciones sobre este asunto presentadas por el PP y por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds.

Sí se aprobó otra propuesta de este último grupo que pedía en uno de sus puntos, medidas para facilitar el ejercicio del derecho a voto con plenas garantías de las personas con discapacidad, en concreto la regulación del derecho a voto secreto de las personas invidentes.

Se aprobó también una propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para actualizar las subvenciones a los centros especiales de empleo.

Esta iniciativa propone que se rebaje el mínimo de trabajadores empleados en una empresa para que se les aplique la cuota de reserva del 2% en favor de los trabajadores con discapacidad, que actualmente está en 50 empleados.

Otro punto de esta propuesta incluye la reforma de la legislación vigente para que se pueda incrementar el importe máximo del presupuesto para adjudicar contratos sin publicidad ni concurrencia cuando el destinatario de la adjudicación sea un centro especial de empleo, por entender que estos centros no pueden concurrir en igualdad de condiciones que el resto de las empresas a las licitaciones públicas.