Según Agricultura, entre las actuaciones prioritarias, se llevará a cabo el proceso de extensión de la protección al sector agrario, para alcanzar en los próximos tres años la generalización en la cobertura de los riesgos de la naturaleza, en la totalidad de los sectores productivos, y se extenderá y desarrollará el seguro de explotación, destinado a dar protección al conjunto de las producciones que integran la explotación asegurada.

Por otro lado se favorecerá la extensión del seguro de incendio en el sector forestal, como instrumento de apoyo a las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales; y se revisarán los criterios utilizados para la concesión de subvenciones a los agricultores para el pago del coste del seguro, introduciendo el principio de la modulación en dichas ayudas y estableciendo nuevos criterios que contribuyan a favorecer la gestión del riesgo por los productores, como es el caso de la utilización de semillas certificadas.

Por último se mantendrá el criterio, que ya viene siendo utilizado, de la no concesión de ayudas públicas extraordinarias tras la ocurrencia de daños causados por riesgos asegurables.

La política de seguros agrarios impulsada por el Gobierno en los últimos años ha tenido resultados significativos como el aumento sostenido en la incorporación de nuevas producciones al sistema de aseguramiento, con un crecimiento medio anual del 6%, y un valor de las producciones aseguradas próximo a los 9.800 millones de euros.