Las sanciones por incumplimiento de la citada norma van de 300 a 500.000 euros, dependiendo de la levedad o gravedad de la infracción. Los infractores podrán ser obligados a reparar los daños ocasionados e incluso reponer el arbolado.

Asimismo, la ley recoge que en el caso de que los daños sean producidos por una subcontrata, la empresa concesionaria o contratante será responsable solidaria de las infracciones y posibles sanciones.

Esta ley prohíbe la tala de cualquier ejemplar de más de diez años excepto por razones de seguridad para personas y señala que serán los ayuntamientos los competentes para conservar el arbolado, autorizar cualquier actuación sobre los árboles e imponer las sanciones.

La tala de cada árbol deberá estar precedida por un decreto que el alcalde aprobará tras un expediente en el que se acredite la inviabilidad de cualquier otra alternativa.

Si la tala es la única alternativa, se exigirá la plantación de un ejemplar por cada año de edad del árbol y, en el caso de que este dato sea desconocido, se plantarán cincuenta ejemplares por cada pie eliminado.

El proyecto contempla también medidas para fomentar la protección del medio ambiente urbano, entre ellas, la obligación de plantar un árbol por cada plaza de estacionamiento en los nuevos aparcamientos en superficie.

La futura ley también prohíbe la poda drástica e indiscriminada de estos árboles, a excepción de los casos en que las copas disminuyan notablemente la luminosidad interior de las viviendas, dificulte la visibilidad de semáforos y señales de tráfico o, si a juicio del técnico competente, haya algún peligro para la seguridad vial o peatonal.