La directiva establece una Obligación General de Seguridad de los productos, que deberán cumplir fabricantes y distribuidores y que faculta a los estados miembros para restringiro retirar del mercado los productos que consideren inseguros.

La aprobación de esta nueva norma estuvo precedida de extensas discusiones entre los representantes de los países miembros, ya que muchos no consideraban necesario elaborar una directiva de este tipo.

Finalmente, la presidencia holandesa, con el apoyo de las delegaciones belga y española, logró romper el bloqueo impuesto por los estados reticentes.

Según el Ministerio de Sanidad y Consumo, la directiva comparte el espíritu y la lera de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios española.