Con el trámite de hoy, las dos leyes que soportan el nuevo modelo de financiación autonómica quedan pendientes de su aprobación definitiva en el Senado, donde el PSOE espera poder introducir alguna modificación en el caso de que el Gobierno acepte negociar su oferta de pacto autonómico.

Los portavoces del PP en el debate, María Reyes Montseny y Vicente Martínez-Pujalte, señalaron que este modelo de financiación tiene un apoyo político bastante amplio, con el voto afirmativo de ocho grupos arlamentarios y el respaldo de doce comunidades autónomas, con la única excepción de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Frente a la tesis del PP, los portavoces de los grupos Socialista y de Izquierda Unida, Mercedes Aroz y Pedro Antonio Ríos, respectivamente, mostraron su preocupación porque el nuevo sistema contemple la ruptura del IRPF y no tenga en cuenta las opiniones de estos dos grupos parlamentarios, que aunan más de 12 millones de votos.

Mercedes Aroz criticó que en la modificaión de la LOFCA, aprobada en su día con el apoyo del 94% de la Cámara, sólo se haya tenido en cuenta "la interlocución de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no representa a la totalidad de las fuerzas políticas".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Joaquín Almunia, se mostró convencido de que con el nuevo modelo el impuesto del IRPF "se va a romper en pedazos", lo que provocará, a su juicio, "que los ciudadanos españoles seamos distintos ante laHacienda Pública".

El portavoz de CiU en el debate, Françesc Homs, rebatió a Almunia que la cesión normativa de una parte de este impuesto es "la vía más progresista y justa" para lograr la corresponsabilidad fiscal.

Finalmente, Pedro Antonío Ríos solicitó la incorporación al sistema de elementos de solidaridad interterritorial para corregir el articulado inicial, que "deja a parte de los españoles fuera del mismo tren".