La propuesta de la Comisión se basa en la supervisión ejercida por el Estado en que esté registrado el fondo. El Parlamento apoya este principio de mutuo reconocimiento de la supervisión, así como el principio de prudencia, es decir, que e fondo de pensiones tenga una cartera que combine el crecimiento de los ingresos y la revalorización del capital en función de la estructura de edad de los afiliados y de las necesidades de liquidez para las transferencias a los jubilados.

En una de sus enmiendas, los eurodiputados hacen hincapié en el derecho de los Estados miembros a conservar la plena responsabilidad de la organización de su sistema de seguridad social, incluyendo las pensiones de jubilación. Otra enmienda prevé un período transitoio de cinco años para permitir adaptarse a las nuevas disposiciones a los países todavía no familiarizados con los sistemas privados de pensiones.

Asimismo, las enmiendas persiguen que las cotizaciones a los fondos de pensiones estén exentas de impuestos y que a las rentas futuras recibidas durante la jubilación se les aplique el impuesto del país de residencia. Por su parte, la Comisión Europea es partidaria de abordar la fiscalidad en una propuesta separada. La cuestión de la supervisión es también bjeto de otras enmiendas.