La nueva OCM del vino, supone un cambio importante respecto al periodo anterior ya que se pasa de un sistema basado en medidas de regulación de mercado, que ha demostrado ser poco efectivo para solucionar los problemas del sector, a un nuevo modelo dirigido a mejorar la competitividad.

Según destaca el Ministerio de Agricultura en un comunicado, la reforma permitirá abrir nuevos mercados y garantizar la renta de los viticultores europeos, a la vez que se potencia el concepto de vino europeo de calidad, a través de las denominaciones de origen, para destacar las características esenciales al origen de las uvas con las que se elabora.

España, tercer productor de la UE, se consolida como el principal perceptor de la OCM del vino con más del 31% de los fondos y unos 420 millones de euros, en los que se incluye el pago único vinculado al arranque.

La nueva OCM concede un alto grado de subsidiariedad a los países productores, para decidir la política que se aplica según sus necesidades particulares y regionales.

La política vitivinícola española se enmarcará en un Programa de Apoyo, que se comenzará a diseñar desde hoy, con un presupuesto de 400 millones de euros.

Además los fondos que estaban destinados a Desarrollo Rural se incorporan a los sobres nacionales para las políticas vitivinícolas y se ha conseguido que exista flexibilidad en la asignación de recursos económicos entre las medidas de los sobres nacionales, lo que garantiza que se pueda emplear la totalidad del presupuesto.

También reconoce de forma explícita la participación del sector, a través de sus organizaciones de productores (por ejemplo las cooperativas) para cooperar en las medidas de la OCM para mejorar la competitividad del sector.

En ningún caso, tal y como solicitaba España, se podrán incluir medidas que distorsionen el mercado. De esta manera, las medidas que fueron solicitadas por el sector español, y acordadas en Conferencia Sectorial. Consistirán en ayudas directas a las rentas de los viticultores para facilitar la adaptación del sector a la desaparición de las medidas de mercado.

Esta ayuda directa permitirá compensar la posible pérdida de renta de los viticultores, así como prever un período transitorio para facilitar una adaptaciónde la actividad industrial en las regiones implicadas.

Asimismo, se mantiene la prohibición del sobreprensado de la uvacon el fin de garantizar la calidad del vino elaborado y se instrumentan ayudas para la eliminación de los subproductos, permitiendo una correcta gestión medioambiental de los mismos.

Por otro lado, con la nueva OCM se introduce la posibilidad, por primera vez, de financiar medidas de promoción en mercados de países terceros, sin límite presupuestario y con cargo a los sobres nacionales. España destinará, como mínimo, el presupuesto previsto de más de 32 millones de euros anuales para promoción.

La nueva regulación mantiene la ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos, de la cual España es una gran perceptora y que ha contribuido decisivamente a la transformación del panorama varietal.

En 2007, el sector recibió 162 millones de euros en este concepto, lo que refleja la importancia que tiene y seguirá teniendo en la nueva OCM, esta medida para España.

El arranque deja de ser el eje de la reforma para convertirse en una medida de carácter social que permita una salida digna a los viticultores que deseen abandonar la actividad.

Como fue solicitado por España, el periodo de arranque, inicialmente previsto de cinco años, se reduce a tres, a la vez que se elevan las primas hasta un 20% sobre las actuales.

Se introduce la posibilidad de limitar el arranque no sólo a escala nacional, sino también regional. Las CCAA podrán decidir limitar el arranque en su región una vez se alcance el 10% de la superficie regional de viñedo.

Finalmente, se retrasa la liberalización de plantaciones, que con la normativa actual comenzaría en el año 2010, hasta el año 2015. A partir de esa fecha España podrá mantener los derechos de plantación en las denominaciones de origen.