La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que la norma permitirá a los ciudadanos "tomar el mando" de sus relaciones con la Administración, que se "modernizará" y dará un "mejor servicio a la sociedad".

La puesta en marcha de la ley y el desarrollo de la Administración Electrónica va a permitir un ahorro de 300 euros al año a cada ciudadano.

La ley, que se convierte en un punto de partida de una nueva generación de derechos de los ciudadanos (los derechos digitales) se aprueba con el apoyo de numerosas comunidades autónomas y de los representantes de las entidades locales, que han participado en su elaboración con sugerencias y aportaciones, destaca el Gobierno.

El Consejo Asesor de Administración Electrónica, órgano en el que hay representantes del sector privado, de los usuarios y del ámbito docente y jurídico, ha hecho pública una declaración de apoyo en la que reconoce que esta norma "responde a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, a las prioridades de nuestra economía y a la necesaria modernización de los servicios públicos".

Cuando esta norma entre en vigor, los ciudadanos tendrán garantizado poder realizar todas sus gestiones por medios electrónicos, independientemente de la administración a la que competan, a través del canal que quieran, las 24 horas del día los 365 días del año.

A partir de ese momento serán ellos los que tomen el mando en su relación con las administraciones, indica el Gobierno, que destaca que la ley beneficiará a los ciudadanos porque ahorrarán tiempo y dinero en sus gestiones.

1.900 MILLONES

En este sentido, la Administración General del Estado prevé invertir 1.900 millones para desarrollar nuevo servicios electrónicos a partir de 2008.

Entre otras cosas, la nueva norma garantizará, con calidad, seguridad y confidencialidad:

- Acceder a los servicios públicos a través de Internet, el teléfono móvil, la televisión o cualquier otro medio electrónico que pueda aparecer en el futuro.

- Poder consultar el estado de tramitación de los procedimientos que se tengan en marcha.

- No tener que presentar papeles que ya estén en poder de las administraciones.

- Las comunicaciones electrónicas tendrán la misma validez jurídica que las que se realizan en papel.

- Realizar un trámite o recibir información a través de Internet o un teléfono tendrá la misma validez que de la forma tradicional.

- Se podrán utilizar los idiomas cooficiales para comunicarse con las administraciones.

El Ejecutivo destaca que se trata de una ley pionera que pone a España a la altura de los países más avanzados. Sólo cinco naciones tienen una ley similar a la española: Estados Unidos, Finlandia, Francia, Austria e Italia.