Regular el marco legal del servicio de Mediación Familiar, con el fin de completar e impulsar un servicio social especializado que funciona en Castilla-La Mancha desde 1999, es el objetivo de la nueva Ley de Mediación Familiar.

El consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, ha sido el encargado de presentar el nuevo texto legal ante la Cámara autonómica, destacando que con la aprobación de esta Ley "nuestra región dispondrá de un sistema que reforzará la solución no judicial de los conflictos entre las parejas, con el consiguiente beneficio para las partes implicadas y, en especial, para los niños, que son los componentes más sensibles en un proceso, sin duda traumático".

El servicio y la nueva Ley de Mediación Familiar que lo regula tienen como objetivo mediar en una ruptura de pareja, tratando de resolver los desacuerdos que se puedan producir, cuidando, según Tomás Mañas, "el interés superior del menor por encima de cualquier circunstancia".

Con la aprobación de esta Ley, que ha sido consensuada por todos los grupos políticos representados en las Cortes regionales, Castilla-La Mancha se convierte en la quinta comunidad autónoma, tras Valencia, Cataluña, Canarias y Galicia, que tiene regulado este servicio especializado.