Entre los aspectos fundamentale del texto se encuentra la declaración de los derechos de los consumidores y usuarios, en cuya defensa se compromete a los poderes públicos.

El proyecto desarrolla la defensa del derecho a la protección de la salud y la seguridad, a la protección de los legítimos intereses económicos y sociales, a la información y a la educación, a la representación, consulta y participación en los asuntos que les afecten, y el derecho a la protección jurídica y administrativa.

El texto tipifica las conductas lesvas de los derechos e intereses de los consumidores y las sanciones que deben imponerse, y regula las facultades de la inspección, los deberes de los funcionarios inspectores y las obligaciones de los administrados.

La futura ley prevé la coordinación con los ayuntamientos a través de la Comisión de Cooperación de Consumo y la creación de un laboratorio para investigar y controlar analíticamente los productos y bienes de consumo.