Los elementos básicos de los planes de emergencia serán básicamente los fundamentos, estructura, organización y criterios operativos de respuesta de las Administraciones implicadas ante una eventualidad de esta naturaleza.

La directriz estabece también la creación de un plan estatal que sistematice criteros de coordinación en situaciones de emergencia por terremoto cuando rebase la capacidad de respuesta de la Administración implicada, cuando afecte a varias comunidades o cuando provoque riesgo en zonas de interés nacional.

El plan estatal deberá asegurar la coordinación entre las Administraciones públicas, de manera que se puedan utilizar medios humanos y materiales de cualquier parte del Estado en apoyo a una emergencia situada en un pnto concreto del territorio nacional.

Las comunidades autónomas tendrán que realizar planes especiales que establezcan la organización y procdimientos de utilización de los recursos y servicios que le pertenezcan; así como los que le puedan asignar otras Administrciones públicas ante la eventualidad de un emergencia por terremoto en su ámbito territorial, o ante la necesidad de colaborar en situaciones que se produzcan fuera de su territorio.

Deberán elaborarse planes especiales de protección civl ante el riesgo sísmico al menos en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha (provincia de Albacete), Cataluña, Extemadura, Murcia, Navarra y Valencia (Alicante y Valencia), además de las ciudades de Ceuta y Melilla.

La planificación local se realizará en los municipios que señalan la directriz básica y los planes comunitarios por razones de peligrosidad sísmica.