Los grupos parlamentarios del PP y el PSOE reeditaron en el Senado el consenso con el que sus correligionarios del Congreso de los Diputados aprobaron los proyectos proyectos de ley reguladora del CNI y orgánica reguladora del control judicial previo del CNI.

En este caso contaron también con el apoyo de los grupos de CiU, Entesa Catalana de Progrés y Coalición Canaria para rechazar los cuatro vetos presentados por elPNV y el Grupo Mixto y aprobar las dos leyes.

En cuanto a las enmiendas, también fueron rechazadas las 98 presentadas, incluso algunas presentadas por CiU y Coalición Canaria. De esta manera, el texto aprobado no deberá regresar al Congreso y entrará en vigor en cuanto sea publicado por el Boletín Oficial del Estado.

Agustín Díaz de Mera e Hilario Caballero, portavoces de PP y PSOE en el debate de hoy, al que asistió el ministro de Defensa, Federico Trillo, coincidieron en considerar que los cambos introducidos al proyecto de ley durante su trámite en el Congreso son suficientes y que los vetos y enmiendas presentadas en el Senado no aportan nada nuevo a las debatidas en la Cámara Baja.

GARANTIAS SUFICIENTES

Asimismo, los grupos mayoritarios consideran que las leyes están dotadas de las "garantías suficientes de control jurídico y parlamentario" y "logran un equilibrio entre eficacia y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos".

El senador de CiU Vicent Beguer defendió ds enmiendas para aumentar la coordinación de los servicios de inteligencia estatales con los Gobiernos autonómicos, lo que fue rechazado porque, según Díaz de Mera, las comunidades autónomas no tienen competencias en materia de inteligencia.

El socialista catalán Ramón Aleu anunció el voto favorable a las leyes del Grupo de la Entesa Catalana de Progrés, si bien el representante de Esquerra Republicana de Catalunya, incluido en este grupo, votó en sentido contrario.

GRUPOS EN CONTRA

El portavozdel PNV en la Cámara Alta, Joseba Zubia, argumentó su rechazo a los proyectos de ley en la "ambigüedad" del texto, que "debería predeterminar perfectamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer" desde el CNI, algo que, a su juicio, "esta ley no lo hace".

Por su parte, la senadora de Eusko Alkartasuna, Inmaculada Boneta, defendió que el director del CNI sea nombrado por el Parlamento, en lugar de por el Gobierno y que el organismo esté adscrito al Ministerio de la Presidencia, en vez de al de Defesa.

Manuel Cámara, de IU, lamentó que el consenso para alcanzar esta ley se limite a las negociaciones entre el Gobierno y el PSOE y se unió también a las críticas de los nacionalistas contra la falta de coordinación con las comunidades autónomas.

Las leyes de creación del Centro Nacional de Inteligencia le adscriben orgánicamente al Ministerio de Defensa, aunque se crea la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia para su coordinación, bajo la presidencia del vicepresidente delEjecutivo y compuesta por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía. El director general del CNI pasa a tener rango de secretario de Estado.

La ley orgánica especial introduce el control judicial previo a las actuaciones del CNI, que deberá solicitarse a un juez Tribunal Supremo, mediante una autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones.