El órgano de gobierno del Poder Judicial no volverá a estudiar la Ley de Vivienda hasta el Pleno ordinario del próximo 27 de enero, por lo que, en caso de acordar la emisión de un informe, el Gobierno podría llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros del próximo 1 de febrero. Sin embargo, la aprobación del texto podría demorarse aún más si el Pleno del CGPJ tumba el nuevo borrador.

El Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda está atascado desde hace unos meses a la espera de que se emita el informe preceptivo y no vinculante del CGPJ. El deseo original de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, era aprobar la ley en la segunda lectura del Consejo de Ministros antes de que finalizase 2021, pero el CGPJ no pudo analizar el texto en el último pleno del año por su complejidad y amplitud, como adelantó Servimedia.

Ahora, el Anteproyecto tampoco podrá ser aprobado el próximo martes, como ya había anunciado la propia Raquel Sánchez, porque 15 de los 21 vocales del CGPJ han votado en contra del borrador propuesto por Cuesta.

Los nuevos ponentes del informe serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, que tienen un par de semanas para poner a punto un nuevo informe. El realizado por Cuesta, de 98 páginas, avalaba en términos generales la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, que consideraba un instrumento normativo adecuado para garantizar el derecho a la vivienda.

Según Cuesta, el anteproyecto de ley era un marco legislativo adecuado para garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, con independencia de que sean las comunidades autónomas las que tenga atribuida esa competencia.

En este punto radica el principal argumento de los 15 vocales que han votado en contra de su aprobación, que no comparten la idea de que el Estado pueda legislar sobre una materia que es competencia de las comunidades autónomas.

Cabe recordar que fuentes del Ministerio de Transportes ya afirmaron hace dos semanas que la demora del informe del CGPJ obedecía a una cuestión “estética” y que la ley tendrá efecto retroactivo, es decir, que todas las medidas recogidas en la ley tendrán aplicación desde el primer día de 2022, siempre y cuando se recoja así en el texto.