Rodríguez centró esta frivolidad en el hecho de que el Gobierno propusiera primero la incompatibilidad entre el cobro de indemnizaciones y de seguro de desempleo para retirar la propuesta después. En su opinión, tal cosa ha provocado más de 100.000 despidos de trabajadores, por mor a que partir del 1 de enero se edurezcan las condiciones de despido.

El dirigente sindical pidió hoy la "retirada" del ministro de Trabajo por se el responsable "de la chapuza más grave e insolidaria" adoptada por un Gobierno de un país comunitario.

En este sentido, las cifras del incremento del paro en el mes de octubre, con un aumento de casi 96.000 parados, confirman las previsiones de UGT, según Apolinar Rodríguez.

"Estos 100.000 parados más son hijos de Griñán y obligan al Gobierno a fijar una responsabilidad respectoa la precipitación fijada respecto al desempleo, rescisión de contrato con indemnización que se haya producido, es puesto de trabajo que se ha perdido", dijo.

CAMPAÑA MANIFESTACION

El dirigente sindical, que mantuvo un encuentro con los responsables andaluces de la central, para fijar la estrategia de las movilizaciones el 25-N, consideró que el éxito de la campaña de manifestaciones puede evitar más que preparar una nueva general en el país.

"El problema es si el Gobierno no es capaz de recoge el sentimiento de la sociedad. El 25-N no es un ejercicio preparatorio de una huelga general, debe ser un aldabonazo social para evitar que se siga por el camino del desempleo y menos protección social", dijo Rodríguez, para agregar que "nuestro propósito es buscar la rectificación y una negociación equilibrada en el mercado de trabajo".

A su juicio, la rectificación de las medidas adoptadas por el Gobierno en la madrugada del jueves es parcial e insuficiente. UGT considera de extrema urgencia la aplcación de esas rectificaciones para cortar la sangría de parados que va a provar tal y como confirma los datos oficiales de octubre.

Rodríguez aseguró que los pensionistas perderán 60.000 millones de pesetas y consideró gravísimas las medidas referidad a la eliminación del derecho a la prestación asistencial cuando se tienen ascendentes a cargo, que afecta a 100.000 personas. "Es un hecho insolito. Nunca se había adoptado una medida tan reaccionaria como la que se pretende", dijo.

En su opinión, a propuesta de política de renta del Gobierno significa no ayudar a salir de la crisis, sino aprovecharse de que hay crisis para que los trabajadores pierdan sus derechos y se sometan al arbitrio de los empresarios sin un marco legal que les ampare.