García declaró a Servimedia que si la propuesta del PP se concreta en una ley y ésta presenta dudas respecto a su adecuación o acomodo constitucional, "podría ser sometida a la fiscalización del Tribunal Constitucional a través de la interposición del correspondiente recurso".

El portavoz de la APM concluyó afirmando que la asociación de jueces a la que representa no se pronuncia ni hace especulaciones sobre promesas electorales.