A través de un comunicado, la APM mostró su “rechazo” a que este acuerdo haga referencia al 'lawfare', que es una exigencia que planteaba el expresidente catalán Carles Puigdemont para llegar a un acuerdo con los socialistas.

Según la APM, el documento del pacto “contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

“PRESIONES POLÍTICAS”

Para este colectivo de magistrados, “ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”.

“Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución”, afirma esta asociación. Añadió que “no son aceptables” las partes del acuerdo que “traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial”.

“El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, concluyó la APM.