Esta es una de las propuestas incluídas en la ponencia "Un nuevo proyecto de justicia", que será debatida por la asociación durante su XI congreso que celebrará los próximos días 26, 27 y 28 en Madrid. En la misma, la APM considera "urgente e imprescindible restablecer plenamente al tribunal sentenciador la facultad de controlar la ejecución de las penas".

Según la asociación de jueces, el modelo actual de justici "no responde a las necesidades y exigencias de un moderno Estado de Derecho en una sociedad democrática avanzada a la que aspira el conjunto de la ciudadanía".

Ello se debe, en su opinión, a la "manifestación de un fenómeno de crisis general que pone en peligro los cimientos mismos del sistema constitucional al cuestionar uno de los principios fundamentales de todo Estado democrático, cual es el de supremacía del Derecho, de sujeción de todos los poderes al imperio de la ley y de igualdad ante la misa de todos los ciudadanos".

Así, considera urgente corregir "los males graves y profundos" que aquejan el sistema de organización de la administración de justicia, "que amenaza con anegar completamente todo vestigio de prestigio de una de las funciones más elevadas y esenciales del Estado".

A su juicio, "el marco orgánico culpable" de la situación actual es la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que constituía "un apenas disimulado propósito de ocupación de una institución básica por parte dl poder político dominante en una peligrosa tendencia expansiva que acabó neutralizando las esperanzas de plena autonomía en el gobierno interno e independiente de dicho poder".

Entre las propuestas de la APM para un nuevo proyecto de justicia destaca, en primer lugar, "la ineludible e irrenunciable necesidad de retornar al anterior sistema de elección por jueces y magistrados de los 12 vocales de procedencia judicial en el Consejo General del Poder Judicial como medida esencial para el funcionamientodel poder judicial como poder fundamental e independiente de un auténtico estado social democrático de derecho".

De este modo, a su juicio, es obligado que el CGPJ asuma la potestad reglamentaria plena en el ejercicio de sus competencias, disponiendo de capacidad absoluta para presentar su proyecto de presupuestos, no sólo de su funcionamiento interno, sino de toda la administración de justicia.

También estima necesario que el CGPJ asuma las competencias sobre los medios personales, no sólo de lo miembros de la carrera judicial, sino también de los secretarios de administración de justicia y demás cuerpos de funcionarios a su servicio.

FISCAL GENERAL

Respecto al ministerio fiscal, considera preciso reforzar las garantías formales que aseguren su imparcialidad e independencia respecto del poder ejecutivo, atribuyendo la propuesta de nombramiento del fiscal general del Estado o de la formulación de una terna de candidatos a un órgano neutral, el CGPJ, y residenciar en todo caso su nombramient en las Cortes.

También aboga por replantearse la actual separación entre el cuerpo de jueces y el de fiscales, ya que, en su opinión, sería "muy beneficiosa la unificación en el acceso a ambas carreras". Sólo en este caso, continúa, sería admisible la atribución a los fiscales de las funciones de investigación e instrucción de las causas penales por delito.

En este sentido, denuncia que algunas de las propuestas formuladas en esa dirección tienen "fines o móviles espurios", directamente unidos alos "recelos oportunistas hacia las manifestaciones de efectiva independencia demostrada por los jueces de instrucción en las funciones desarrolladas especialmente en asuntos de notoria y última trascendencia".

Agrega que, además, la atribución al fiscal de la instrucción tal como está formulada, "choca con la realidad de inexistencia de una estructura de medios materiales y personales de esta institución que imposibilita en la práctica el que se produzca sin graves disfunciones o de nuevos y considerbles retrasos o demoras en la sustanciación de procedimientos penales".

La APM también denuncia en la ponencia, entre otros extremos, las carencias de medios materiales y personales como una de las causas fundamentales de los graves males que aquejan la justicia española, la "peligrosa tendencia disgregadora" iniciada con la transferencias en materia de justicia a las comunidades autónomas, así como la supresión del antejuicio para proceder contra jueces y magistrados.