A través de un comunicado, la APM recuerda que los jueces se rigen "por el principio de legalidad y no por el de oportunidad", y que esto exige que, para que puedan actuar, "tiene que pedírselo quién esté legitimado para hacerlo".

Por lo tanto, concluyen que la responsabilidad de la tardía reacción de los tribunales en el caso del ayuntamiento de Marbella se debe a quien, "estando legitimado", no ha pedido la intervención de los tribunales "impidiendo así su actuación", en referencia a la Fiscalía y a los demás agentes capacitados por la ley para iniciar un proceso judicial.

La APM cree necesaria esta declaración para evitar "que la limpieza y la honradez de los magistrados pueda verse en entredicho", ya que están "indefensos" ante estas críticas "al no poder entrar a debatir estas cuestiones fuera de los procedimientos".