A su juicio, aplicar ahora una reforma de este tipo, "tal y como están los fiscales en la actualidad", supondría sustraer al poder judicial funciones que le confía la Constitución espñola.

La Comisión Permanente del Grupo Socialista en el Congreso se reunió ayer para estudiar al propuesta de reforma procesal hecha por el presidente de la Comisión de Justicia e Interior, Javier Sáenz Cosculluela, para que los jueces dejen de instruir los procesos penales y lo hagan los fiscales.

Rodríguez Arribas recordó que el juez de instrucción es una institución procesal y orgánica española "de vieja y rica tradición que ha dado un resultado fecundo", tanto en la investigación de los delits como en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, por lo que "su práctica desaparición o conversión en una figura distinta sería un error histórico".

A su juicio, para poder confiar alguna función investigadora al fiscal sería necesario modificar previamente la propia estructura del Ministerio Fiscal, adoptando una serie de medidas, como el establecimiento del carácter vinculante para el Gobierno cuando el informe preceptivo que dicte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) n relación al nombramiento del fiscal general del Estado sea negativo.

Otra de las reformas que Rodríguez ve necesarias es que el nombramiento del fiscal general del Estado lo fuera por cinco años, sin que sea posible destituirle del cargo más que por las mismas causas y por el mismo procedimiento que al presidente del Tribunal Supremo.

"Con estas medidas se le judicializa, se inserta al fiscal en el CGPJ y se borra cualquier sombra de sumisión o dependencia del Gobierno", aseguró Rodríguez Arribs, para quien también habría que conseguir que los nombramientos dentro de la carrera fiscal "que no fueran de estricto escalafón" no pudieran realizarse contra la opinión mayoritaria del Consejo Fiscal, elegido democráticamente.

El presidente de la APM también considera importante que las carreras judicial y fiscal volvieran a estar unidas, "por lo menos en su origen", discurrieran paralelamente "y fuera incluso posible, con ciertas condiciones y determinadas formas, el pase de una a otra de los miemros de la carrera judicial y de la carrera fiscal".

Por otro lado, Rodríguez Arribas señaló que es necesario dotar al Ministerio Fiscal de unos medios instrumentales y materiales de los que carece, "pero sobre todo la creación de una auténtica policía judicial dependiente orgánicamente de los tribunales".