Según fuentes del Supremo, el abogado jefe del Estado ha sido destituido por su negativa a seguir cierta directrices en el 'caso GAL' y en el 'caso Filesa', si bien la Dirección General de Servicios Jurídicos del Estado indicó que ha sido trasladado por pérdida de confianza.

El presidente de la APM declaró que sería algo "muy criticable" que la destitución de Puente Prieto se haya producido por una diferencia de criterios. "Supone una interferencia en las funciones de un órgano que al fin y al cabo debe estar sometido al principio de legalidad", dijo.

En este sentido, Rodríguez Arribas añadió que l sustitución de Puente Prieto sólo sería justificable "si hubiera una actuación que fuera dudosa en cuanto a esa legalidad".

A su juicio, la Abogacía del Estado "debe ser respetada por los políticos" porque no es propiedad del Gobierno, sino que forma parte de la Administración.

En cuanto al segundo motivo que se baraja, Rodríguez Arribas señaló que la pérdida de confianza "no tiene nada que ver" con las funciones profesionales. "La confianza se da para otras cosas, no para la aplicación del prinipio de legalidad, que es lo que debe inspirar las actuaciones de la Administración pública", sentenció.

Por su parte, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (jpD), José Antonio Alonso, eludió pronunciarse sobre esta destitución, alegando que es una cuestión de la Jefatura de la Abogacía de los Servicios Jurídicos del Estado.