La Comisión Permanente del CGPJ respondió ayer al juez del Registro Civil de Sagunto (Valencia) que el pasado mes de noviembre se había negado a celebrar bodas entre homosexuales alegando que se lo impedía su condición de católico. La resolución sostiene que "los jueces no pueden ejercer la objeción de conciencia".

El portavoz de la APM, Antonio García, dijo hoy a Servimedia que esta resolución es "absolutamente razonable y la única posible", porque la Constitución obliga a los jueces a "respetar el ordenamiento jurídico".

García aseguró que si el juez, más allá de sus creencias, cree que la ley atenta contra la Constitución, "podría plantear la correspondiente cuestión ante el Tribunal Constitucional".