E declaraciones a la COPE, Requero dijo que "la posibilidad que tienen los funcionarios tanto civiles como militares de no ser obligados a declarar como testigos por hechos que conozcan por razón de su cargo, está recogido en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882". No obstante, agregó que "se va a plantear una cuestión parecida a la de los papeles del CESID, solo que en aquel caso eran papeles y en este caso son sujetos parlantes".

A propósito de las escuchas ilegales, Requero comentó que "a se sabe lo que ocurre cuando el Gobierno se niega a desclasificar determinada información como ocurrió con los papeles del CESID, y veremos cuando se celebre ese juicio cómo se valora esa actividad de los servicios secretos".

En opinión del portavoz de la APM, en relación a estos asuntos "que antes eran novedosos, poco a poco se irá forjando una doctrina, pero por ahora los tribunales no se han pronunciado".

Requero añadió que "doctrinalmente el Estado puede tener secretos por razones de defens y de seguridad, pero, del mismo modo, en el ámbito de un escalón inferior, en el ámbito de la función pública es lógico que los servidores públicos tengan que guardar sigilo en sus actividades por razón de su cargo".

En ese sentido, apeló a la definición lo antes posible del Estatuto del CESID con el fin de clarificar el control de las actividades del mismo y regular, asimismo, las condiciones de trabajo de sus miembros.