En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la APM, Angel Calderón, señaló que dichas manifestaciones "admiten muchos comentarios, cada cual más negativo", porque imputan al Tribunal Supremo y l instructor del 'caso GAL', Eduardo Móner, "una intencionalidad política a la hora de haber realizado un acto estrictamente jurídico".

A su juicio, dichas afirmaciones "son profundamente irrespetuosas para el más alto tribunal de la nación, que es Tribunal Supremo, y se pone en tela de juicio la honorabilidad y la integridad del instructor, cuando se está sugiriendo que la resolución se ha dictado no para cumplir con su obligación, sino justamente para interferir e intervenir de alguna manera en el poceso electoral".

Calderón agregó que otra lectura de las manifestaciones de González es que está sugiriendo al juez Móner que deje de cumplir sus obligaciones. "A lo mejor lo que se está sugiriendo es lisa y llanamente que prevarique un magistrado, que teniendo que dictar una resolución en un momento determinado en el ejercicio de su deber, no lo haga por un motivo tan interesado como es la posible incidencia que esto pueda tener en el proceso electoral para un partido", indicó.

Para el portavozde la APM, la convocatoria de un proceso electoral no supone la suspensión de la vigencia del ordenamiento jurídico y resaltó que no existe ninguna norma especial para que se paralicen los procesos en marcha respecto de cualquier candidato al Congreso o al Senado.

"Lo que se pretende es que dejen los tribunales de actuar para los candidatos, como si estos señores tuvieran una norma privilegiada que les amparara de la actuación de los tribunales", agregó Calderón, quien insistió en que "no sabemos en vrtud de qué norma no escrita debe paralizarse la vida judicial del país cuando se abre la campaña electoral".

A su juicio, ello sería "tan absurdo como si mañana un candidato a diputado o senador tiene un accidente de tráfico, atropella y mata a un peatón y resulta que no se pueden iniciar actuaciones judiciales hasta que no termine la campaña electoral, por temor a no interferir en el proceso".

Añadió que según esa interpretación todos los tribunales de justicia deben dejar de actuar hasta que legue el próximo 3 de marzo, fecha de las elecciones generales. "Desde luego, creemos que la conclusión no puede ser más esperpéntica", indicó.