Según la APM, "puesto que la justicia es una cuestión de Estado, es absolutamente inoportuno y fuera de lugar acometer, en las circunstancia políticas actuales, una reforma, aun parcial".

Esta asociación considera que los españoles deben conocer que esta reforma "incide negativamente en la configuraión del poder judicial independiente y garantizador de sus derechos y libertades".

Asimismo, señalan que esta reforma, "en un golpe de mano de difícil calificación, esteriliza políticamente" órganos como el CGPJ y las salas de gobierno de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia, "con la imposición de miembros de directa designación del CGPJ elegido por el sistema de cuota de los partidos políticos".

La asociación considera también que, en cuanto al Régimen Discplinario de Jueces y Magistrados, "resulta igualmente censurable la sustracción de competencias en la materia a las salas de Gobierno y su transferencia al CGPJ".

Por último, critican que se sustraigan al CGPJ las facultades organizativas de la Oficina Judicial, que se transfieren al Ministerio de Interior y Justicia, "lo que conculcará el derecho constitucional de los ciudadanos a obtener una justicia verdaderamente independiente y eficaz".