Según la legislación vigente y el régimen constitucional español, explicó Suárez, "las mujeres son iguales al hombre ante la ley, no superiores", por lo que establecer una discriminación a favor de la mujer en el entorno laboral como pretende el anteproyecto al fijar "exclusiones, reservas y preferencias en las condiciones de contratación no es legal".

Tampoco es legal, según Suárez, el punto en el que se señala que "corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable" de que no ha habido discriminación, es decir, que tendrá que demostrar su inocencia. "Tal y como está redactado", apuntó el portavoz de APM, "es del todo ilegal".