Rodríguez Arribas, que inauguró hoy el seminario "La reforma de la justicia en el Estado democrático de derecho" dentro de los cursos de verano de El Escorial, puso como ejemplo de esa "invasión" política el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado y explicó que los jueces siempre estarán más cerca de la oposición que del Gobierno, con independencia de quien lo ejerza, ya que el poder tiene cierta tendencia a controlar la justica.

El presidente de la APM calificó de "error histórico" la reforma judicial llevada a cabo en tiempos de Fernando Ledesma y subrayó que el Gobierno sólo ha puesto "parches" al sistema judicial, que "sufre un tradicional abandono por parte de las instancias políticas".

Rodríguez-Arribas volvió a pronunciarse sobre la política de reinserción asegurando que no se puede consentir que continúe el cumplimiento "ficticio" de las penas ya que, en su opinión, es la Administración la que al final decide l aplicación de las sentencias.

"Debe ser el juez de vigilancia penitenciara, y en definitiva el tribunal sentenciador, el que controle la aplicación de los beneficios penitenciarios. Esa es la doctrina, que exige que la administración penitenciaria pase de ser administración decisora, que es lo que es ahora, a administración proponente o informante", explicó.

Insistió en que el poder legislativo debería aprobar una modificación que permitiera "judicializar la aplicación de las penas, lo que seríaun paso adelante en la división de poderes".

El presidente de la APM reiteró, por otra parte, que debe ser el colectivo de los jueces el que elija a los vocales del Consejo General de Poder Judicial en lugar de los partidos políticos, al tiempo que pidió la reforma del ministerio fiscal y la potenciación de la policía judicial.

ABORTO

Por otra parte, el magistrado calificó de "trampa" la ley del aborto y aseguró que el Gobierno ha sacado el texto del Código Penal con la intención de presentar ate la opinión pública que éste fue aprobado por consenso de todas las fuerzas políticas.

"En este caso es evidente que de lo que se trata es de poder decir que el Código Penal tiene un consenso pleno en la mayoría de las cosas, cuando hay un problema como es el aborto que crea un gran debate social. Además, esta medida plantea un debate sobre la constitucionalidad de la propia ley", añadió.