Este Convenio establece la obligación de cooperación de los Estados miembros con el fin de que los conductores a los que se haa privado del derecho de conducir en un Estado miembro distinto de aquél en el que tienen su residencia habitual no puedan sustraerse a la privación del derecho de conducir cuando abandonen el Estado de la infracción.

A tal fin, éste último notificará inmediatamente al Estado de residencia todas las decisiones de privación del derecho de conducir para que las ejecute de manera inmediata.

La ejecución de una decisión de privación del derecho de conducir se entenderá sin perjuicio de las otras medias adicionales de seguridad viaria que el Estado de residencia pueda adoptar con arreglo a su legislación.