La suspensión se mantendrá hasta que el tribunal decida sobre la legalidad de la forma como fue obtenida la grabación de la conversación entre el abogado de HB y el preso etarra Juan Ignacio de Juana Chaos, encarcelado en Alcalá-Meco, en las que el letrado presuntamente proponía atentar contra funcionarios de prisiones.

El tribunal adoptó esta decisión después de que el abogado defenor de Gorostiza, Kepa Landa, plantease cinco cuestiones previas en las que argumentó que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, ya que no habían contado con ninguna autorización judicial y además habían violado el derecho a la intimidad de las comunicaciones.

Estos argumentos del defensor de Gorostiza fueron rechazados tanto por el fiscal como por la acusación particular, ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que pidieron que fueran desestimados esos argumentos. Landa pdió asimismo la libertad provisional de Gorostiza, a lo que también se opusieron el fiscal y la AVT.

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