El Gobierno está negociando con varias ONG un plan de derechos humanos con el que pretende ampliar las garantías legales del detenido. Una de las medidas barajadas es la colocación de cámaras en las comisarías para prevenir casos de malos tratos a detenidos.

En declaraciones a Servimedia, Ollé consideró "fundamental" esta medida, tanto para los detenidos como para los policías, ya que servirá para eliminar las "zonas oscuras" de las dependencias de la Guardia Civil, la Policía Nacional, las policías autonómicas y las policías locales.

"Para nosotros es una medida absolutamente indispensable que haya transparencia y se graben todas las declaraciones (a los detenidos)", añadió.

Además, Ollé propuso que en el plan de derechos humanos que ultima el Gobierno se supriman los periodos de incomunicación de "determinados detenidos, fundamentalmente de los que están acusados de terrorismo".

Para estos casos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo de cinco días, prorrogable a 10 en el caso de los procesados por terrorismo, y al cual pueden añadirse otros tres días más si lo decide el juez.