Aparicio aseguró que España tiene que hacer frente al reto de lograr que sus grandes pilares de protección social tengan garantía de suficiencia y de crecimiento ordenado, y afirmó que el Gobierno no plantea recortar prestaciones sino consolidarlasbuscar que el crecimiento de la sanidad se corresponda con el crecimiento real de la economía.

A su juicio, un crecimiento desordenado de la sanidad y de las pensiones llevaría "o bien a reducir la protección sanitaria por parte del Gobierno o bien a volver a esa mala dinámica que fue el endeudamiento que se traslada a los presupuestos generales".

Según Aparicio, en 1996 España estaba pagando tanto en intereses de su deuda como en el conjunto del gasto sanitario: del orden de 3 billones de pesets.

"Por ello", añadió, "el Ejecutivo ha puesto en marcha un conjunto de medidas que aseguran el mantenimiento y la mejora de los niveles de cobertura hoy vigentes y su garantía financiera, con apoyo en un proceso de reforma presidido por el criterio de gradualidad y que huye de cualquier tendencia rupturista".