Según las previsiones del Gobierno, el año próximo se podrían gastar 105.000 millones de pesetas más que en 1996 en prestaciones sanitarias. ste año la factura de sanidad costará 3,5 billones de pesetas.

En su opinión, "sería una insensatez que el conjunto de la factura crezca desordenadamente y a ritmo mayor que la economía. Todos somos conscientes de que el gasto público tiene que crecer, pero ordenadamente, no a impulsos o por pura coyuntura política. España no tiene que reducir el gasto sanitario sino adecuarlo a su realidad económica, para ello debe crecer al mismo ritmo del PIB".

Para controlar el gasto, sin embargo, "no basta l voluntad del Gobierno" puesto que en este momento el 60% de la población está atendida por sanidad transferida a comunidades autónomas, por lo que, según dijo, se hace necesaria la "cooperación de todas las administraciones implicadas".

Dentro del plan de racionalización de la gestión sanitaria, Aparicio mencionó la posible creación de un organismo central de compras para abastecer a los hospitales y de la ampliación de los controles de intervención interna en los centros sanitarios que, a su juicio,deberán gozar de "autonomía de gestión a la hora de hacer sus programaciones y utilizar su posición dominante en el mercado" para conseguir ventajas en las compras que realicen.

El Ejecutivo se plantea el proceso de reforma de la sanidad como un programa de legislatura, aunque ahora "tenga que adoptar una serie de medidas de choque. Esto no significa que no exista una programación estable y deseable para el medio plazo".

Aparicio indicó que el interés del Gobierno es, en primer lugar, que no se poduzca ningún deterioro de la asistencia a la que vez que se perfeccionan las fórmulas de gestión en "gasto farmacéutico, medicina especializada y grandes centros sanitarios donde existe un gran volumen económico y un bajo control del dinero, y no sólo sobre el correcto uso de los fondos sino de la eficiencia en la asignación de medios".

NO AL CIERRE DE HOSPITALES

Sobre la propuesta del director de la Oficina Presupuestaria, José Barea, de cerrar los hospitales que no resultaran rentables tras una rcionalización de su gestión, Aparicio dijo que "lo que el señor Barea ha puesto en evidencia es que es necesario un debate sobre la calidad de gestión en centros hospitalarios, que debe adecuarse a criterios de eficiencia y rentabilidad social, cosa que no está sucediendo. Ha puesto el dedo en la llaga, porque hasta ahora no se exigía responsabilidad a quines han cometido evidentes errores de gestión".

El responsable de la Seguridad Social insistió en que el Gobierno "no está dispuesto a que se pierdani la gratuidad, ni la universalidad, ni la garantía de correcta asistencia. Esos tres ejes no se van a ver en peligro en ningún momento".

Garantizó asimismo que "en ningún momento se producirá una desatención a los ciudadanos" incluso en el caso de que un centro de salud concreto no cumpliera con los requisitos de rentabilidad que pretende alcanzar el Gobierno.