Desde el 1 de enero están en vigor dos decretos de la Generalitat de Catalña que prevén sanciones a las compañías si éstas no cumplen determinados plazos en las peticiones de alta o si se producen cortes significativos en el suministro de energía, entre otros aspectos.

Asimismo, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, comunidades gobernadas por los socialistas, preparan normas similares que Economía trata de frenar con una orden ministerial de próxima aparición.

Folgado confirmó que está preparando una orden ministerial para homogeneizar los criterios de calidad en e suministro eléctrico y las indemnizaciones a los usuarios en caso de incumplimiento de esos niveles de calidad.

"Es muy importante establecer unas normas que definen la calidad de esos productos energéticos y en función de eso establecer los sistemas compensatorios oportunos", señaló.

Folgado negó que se trate de "condicionar" las competencias de las comunidades autónomas, "pero entendemos", dijo, "que en un marco general, como es el de toda España, donde queremos que exista una homogeneidad en arifas, etcétera, se deben establecer unos determinados estándares de calidad a la hora de fijar las compensaciones a los ciudadanos".