En declaraciones a Servimeia, Martí Mingarro aseguró que "el secreto profesional no puede someterse a flexibilidades ni rodeos", y reiteró que no admitirán ni un pequeño recorte que la nueva normativa pueda introducir en este derecho de los letrados y que, según dijo, es "una de las bases del Estado de Derecho".

Indicó que la normativa puede afectar a aquellos letrados que desarrollan labores de mediación o representación en nombre de otras personas, pero, en ningún caso, para los que realizan la labor de defensa judicial de agún cliente.

"El secreto profesional es una tutela de los derechos del justiciable que no puede someterse a flexibilidad alguna", insistió Martí Mingarro.

Para el máximo responsable de los abogados madrileños, el texto de la directiva comunitaria sobre blanqueo de capitales permite delimitar con claridad el respeto al secreto de otras actuaciones que puedan tener los letrados, salvaguardando el secreto profesional.

"El texto permite delimitar todo esto y, en su trasposición, estaremos especilmente atentos a que las fronteras que suponen la exclusión de cualquier obligación de declaración a los profesionales de la abogacía cuando ejerzan como tales no pueda interpretarse de manera extensiva o aperturista", manifestó.

Finalmente, reconoció que el Gobierno se mantiene en contacto con los colegios de abogados para debatir sobre la trasposición de la directiva europea sobre blanqueo de dinero y confió en el compromiso del Ejecutivo de "escuchar la voz de los abogados".