Según estos colectivos, el objetivo de la publicidad de productos tales como detergentes, tabaco o cafés, es provcar el cambio de marca entre los habituales consumidores de los mismos, sin influir en su consumo global.

Asimismo, reivindicaron el derecho del consumidor a recibir información, a través de la publicidad, sobre los productos que se producen y comercializan legalmente en el mercado.

"La publicidad comercial", alegan, "es una forma de expresión protegida por la Convención Europea de los Derechos Humanos, y a la que recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estimado aplicable el dereho a la libertad de expresión e información reconocido en el artículo 10 del Convenio de Roma".

Las asociaciones que se pronunciaron en contra del real decreto son AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles), AMPE (Asociación de Medios Publicitarios de España), ARI (Asociación de Revistas de Información), AEAP (Asociación Española de Agencias de Publicidad), AEA (Asociación Española de Anunciantes), AEPE (Asociación Española de Empresas de Publicidad Exterior) y AERC (Asociación Española de Radodifusión Comercial).

A estos colectivos hay que unir la Federación de Productoras de Cine Publicitario (FPCP) y la Federación Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP).

Estas organizaciones proponen como alternativa a la prohibición total de publicidad de tabaco establecer mecanismos adecuados para evitar abusos publicitarios o efectos no deseados.

Además, advirtieron que este tipo de prohibiciones y limitaciones "afectan de manera grave a la financiación de los medios de comunicación, con a consiguiente repercusión en su fortaleza económica, base esencial para el mantenimiento de su independencia informativa".