El Congreso de los Diputados aprobó un proyecto de ley según el cual los presos políticos y de conciencia recibirían un millón de pesetas por el primer trienio de encarcelación y más 200.000 pesetas por cada trienio adicional.

Según dicha ley la indemnización podrán cobrarla indistintamente el marido o la mujer del preso de conciencia, aunque la mayoría socialista no accedió a que ésta aportación económica fuera percibida por los hijos, en carácter de herencia.

La propia Dirección General de Clases Pasivas ha reconocido, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, que sólo 11.916 jubilados, de los 96.803 solicitantes, habían recibido la indemnización. Ello representa un total de 13.024 millones de pesetas, una media de 1.200.000 pesets por cada antiguo preso.

Romero denunció que la lentitud administrativa para el pago tiene un claro objetivo: "Dejar que pase el tiempo, para que las personas desaparezcan y evitar así tener que pagarles".

"Es una vergüenza", afirmó el dirigente de IU, "que no se haya realizado antes una política generosa para aquellos que dieron con sus huesos en la cárcel por defender a España desde una ideología distinta".

El diputado comunista señaló que en los países europeos castigados por la expansió nazi han superado ya esa fase de indemnizaciones.

Los Presupuestos Generales del Estado para 1992 destinan una cantidad cercana a los 26.000 millones de pesetas para los presos políticos del franquismo; una cifra que, a juicio de Antonio Romero, no llegará para todos los demandantes.

"Para indemnizar a todos los solicitantes, el Estado debería haber destinado 104.000 millones, una cantidad prácticamente absurda para unos presupuestos generales que ascienden a 20 billones de pesetas", apuntó el prlamentario de IU.

"El Gobierno", prosiguió Romero, "no tiene obstáculo alguno para acelerar los pagos, porque incluso la derecha votó a favor de esta ley en el Parlamento, y debería acordarse de que pronto es Navidad para realizar un esfuerzo y dar a todos lo que les corresponde, porque, a este paso, no tendrá que pagar nada a nadie", en una referencia a la elevada media de edad de los solicitantes.