La Fiscalía informó este lunes de que, en respuesta al traslado el 26 de noviembre por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha "informado favorablemente a que se eleve exposición razonada" a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en relación a Alvise Pérez por financiación ilegal de partido político.

La investigación la inició el juez Calama al admitir una denuncia del empresario investigado en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Álvaro Romillo contra Pérez por delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo como líder de Se Acabó la Fiesta (SALF).

El juez ofreció al eurodiputado, dada su condición de aforado, la posibilidad de personarse en las actuaciones y declarar de forma voluntaria en el juzgado el 20 de noviembre, así como aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa, pero Pérez no acudió a declarar.

En su denuncia, Romillo relató los distintos contactos mantenidos con Alvise Pérez con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado “podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal”.

Tras diversos contactos, según la denuncia, el 27 de mayo Romillo le comunicó a Pérez que podía recoger en efectivo la cantidad de 100.000 euros, a lo que este último respondió: “100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío”. Cuando Romillo, prosigue el relato, recibió la confirmación de un empleado de que efectivamente dicha cantidad había sido entregada le escribió a Alvise para volvérselo a confirmar, respondiendo este último que “todo ok” y que “100.000 gracias”.

Tras analizar la denuncia, el juez señalaba que los hechos expuestos podrían constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos y acordó abrir una pieza separada para investigar estos hechos. Indicaba, además, que los documentos que acompañan la denuncia la dotan de verosimilitud, de forma que concurren los requisitos necesarios para su admisión a trámite y la práctica de diligencias de investigación.